El Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad que revisa y autoriza las subdivisiones en zonas rurales, para suspender la certificación de subdivisión de parcelaciones que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, a los ecosistemas y al equilibrio socio ambiental de las localidades en las que están emplazados. Durante años, amparados en el decreto ley 3.516, inmobiliarias han subdivido predios agrícolas en lotes de 5 mil metros cambiando el destino de éstos, transgrediendo así el mismo decreto que prohibe el cambio de uso de suelo agrícola a habitacional.