El problema tiene nombre: eutrofización. Y aunque suene técnico, sus efectos son concretos y cotidianos. Se traduce en más algas, playas no aptas para el baño, animales y personas que se enferman, deterioro de la pesca, invasión de plantas acuáticas y, en definitiva, la lenta degradación de un entorno que sostiene economías locales y formas de vida. Y aunque aquí parece novedad, lo cierto es que ya ha pasado en otros lugares.

En el lago Erie, entre Canadá y Estados Unidos, fenómenos similares provocaron pérdidas por USD 43 millones en turismo en un solo año, además de una caída de USD 152 millones en el valor de las propiedades. En el lago Villarrica aún no tenemos esas cifras equivalentes, pero sí tenemos algo más importante: la posibilidad de anticiparnos. ¿O es que vamos a esperar a tenerlas para tomar medidas?

Hoy sabemos que el lago está recibiendo más de lo que puede soportar. Su capacidad de carga es de 200 toneladas anuales de fosfatos, pero están ingresando cerca de 270. Casi la mitad de ese exceso proviene de actividades humanas como pisciculturas, uso de suelo y crecimiento urbano. Los datos están sobre la mesa. El 52% del fosfato es natural (esencial para el ecosistema) y 48% es antropogénico. De este último, 54% lo aportan las pisciculturas, 25% actividades agropecuarias-forestales y 21% urbanizaciones-sistemas sanitarios. La duda ya no es técnica: ¿qué es lo que falta entonces para tomar decisiones?

El Plan de Descontaminación del lago Villarrica no es nuevo ni improvisado. Su origen se remonta al segundo gobierno del Presidente Piñera y es el resultado de un proceso que incluyó más de 1.400 observaciones en consulta pública y 80 observaciones en consulta indígena. En total, cerca de 7 años de trabajo y alrededor de $500 millones invertidos en estudios y asesorías. Su objetivo es claro: reducir 70 toneladas de fosfatos en un plazo de 15 años y llevar al lago a condiciones similares a las del año 2000.

Desde el punto de vista técnico, es un plan sólido. Pero hay decisiones que no son técnicas. Una de ellas fue eliminar del diseño original el colector Villarrica–Pucón, una obra estimada en USD 36 millones, reemplazándola por la obligación de instalar plantas de tratamiento en viviendas borde lago. ¿Fue la mejor decisión? ¿Es suficiente para enfrentar un problema de esta escala?

El plan contempla 7 medidas principales con un costo estimado de USD 56 millones, donde el 66% corresponde a inversión privada y el 34% a inversión pública. Sin embargo, al considerar el conjunto de más de 40 medidas propuestas, el costo real podría acercarse a los USD 150 millones, siendo los planes maestros de aguas lluvia una de las inversiones más relevantes. Aun así, hay un dato que cambia completamente la perspectiva: el costo de no hacer nada supera los USD 3.200 millones.

Entonces, la pregunta vuelve a aparecer: ¿qué estamos esperando?

El desafío no es solo financiero. También es institucional. La implementación del plan requiere coordinación entre al menos 10 ministerios y el Gobierno Regional de La Araucanía, además de decisiones concretas como subsidiar o no la conexión de más de 2.000 viviendas al alcantarillado. No es simple, pero eso no lo hace menos urgente.

La experiencia internacional muestra que cuando un país decide priorizar un ecosistema, los resultados llegan. En Paraguay, el lago Ypacaraí fue definido como prioridad nacional y hoy cuenta con un plan de recuperación financiado con más de USD 150 millones. No fue casualidad. Fue decisión.

En Villarrica, el plan existe. Los estudios están. Las medidas también. Pero sin voluntad política y coordinación efectiva, todo eso queda en papel. Y hay algo que no siempre se dice: los sistemas naturales no esperan. Los cambios en un lago pueden tardar años en hacerse visibles, pero cuando lo hacen, revertirlos es mucho más lento —y mucho más caro.

Por eso, esto no es solo una discusión ambiental, se trata de decidir qué tipo de desarrollo queremos. Es una decisión económica, social y cultural. Es, en el fondo, una decisión país, El lago Villarrica no puede seguir esperando. Necesitamos un Gobierno comprometido. Pero también asumir algo incómodo: esta decisión —postergada una y otra vez— ya no es técnica. Es política.

Por Victor Durán
Fundador Fundación Red de Nuevas Ideas y Líder proyecto Vigilantes del Lago