Durante más de 40 años las instituciones relacionadas con el habitar en zonas rurales hicieron la vista gorda frente al tema de las parcelaciones, lo que terminó esta semana cuando el Ministerio de Agricultura estableció una serie de medidas para intentar regular la explosiva proliferación de loteos en zonas rurales y frenar el avance inmobiliario.

El Minagri instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad que revisa y autoriza las subdivisiones en zonas rurales, para suspender la certificación de subdivisión de parcelaciones que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, a los ecosistemas y al equilibrio socio ambiental de las localidades en las que están emplazados.

Y es que durante años, amparados en el decreto ley 3.516, inmobiliarias han subdivido predios agrícolas en lotes de 5 mil metros cambiando el destino de éstos, transgrediendo así el mismo decreto que prohibe el cambio de uso de suelo agrícola a habitacional.

Hoy empiezan a evidenciarse los efectos de un desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial cuyo impacto medioambiental y sociocultural es gigantesco.