El pasado 14 de mayo el Diario Financiero publicó un reportaje en el cual se informa sobre la voluntad del gobierno de ingresar un nuevo proyecto de ley en el mes de junio, que pretende renovar la regulación del habitar humano en zonas rurales,  y por consiguiente reemplazar al actual decreto 3.516.

El desafío es grande, pues a pesar del alto valor ecológico, social, cultural y productivo del mundo rural, en Chile no tenemos una planificación territorial y jurídica que aborde integralmente a estos territorios, en un contexto donde a la fecha existen más de 70.000 subdivisiones de predios rurales, y donde el impacto de estos asentamientos presentan grandes riesgos, pero también oportunidades, para el desarrollo sostenible del territorio y del país. 

En ese sentido, el anuncio despierta la atención de varias consideraciones que una nueva política pública debiese contemplar, para abordar integralmente este complejo fenómeno.

En primer lugar, llama la atención que los anuncios del gobierno provengan exclusivamente del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En ese sentido, lo transmitido hasta el momento es que existe una urgencia por frenar el fenómeno de los loteos (con foco en el desarrollo inmobiliario), y potenciar la seguridad alimentaria estratégica, es decir que los predios rústicos rurales tengan actividad agropecuaria y no residencial. 

Si bien estas propuestas están bien orientadas, mantienen una tendencia sectorial (hasta ahora solo se habla de ingresar el proyecto en dos comisiones: Agricultura y Vivienda.) que arriesga cubrir de manera parcial lo que ocurre en el fenómeno rural, que está compuesto por múltiples interacciones y ámbitos (medio ambiente, economía, social, cultura, etc.). En ese sentido, es inminente el involucramiento del Ministerio del Medio Ambiente para abordar profundamente el ámbito ecosistémico e incorporar un énfasis en lo silvestre (revisar el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Boletín N° 9.404-12), la participación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para abordar el fenómeno de los asentamientos y sus formas de vida,  del Ministerio de Cultura, especialmente en relación al Consejo de Monumentos Nacionales, y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.  Es fundamental también abrir la participación a organizaciones privadas activamente involucradas en el fenómeno rural. 

Sobre subdivisión mínima, el gobierno ha anunciado que el proyecto propondrá una subdivisión mínima de 2 hectáreas, en atención a “nuevos análisis técnicos realizados por un panel interno”, que garantizan la viabilidad de proyectos agrícolas con esta subdivisión mínima. 

El habitar rural está determinado por el suelo y su uso. Los atributos ambientales de los territorios, las características de los suelos  y las diversas interacciones que se producen en él (patrimoniales, productivas, sociales y ecológicas), requieren de un análisis muy profundo sobre los tipos de subdivisión para el territorio rural, debiendo explicar con mayor transparencia la lógica de las subdivisiones mínimas, y en función de qué están siendo calculadas. El proyecto de ley Marco de Suelos, que busca regular la gestión sostenible del uso de los suelos (boletín 14.714-01), es una buena línea de trabajo en este ámbito.

La figura de conjuntos residenciales rurales es una novedad en los anuncios del gobierno, sin embargo, no se profundiza en mayor medida sobre las características de este tipo de asentamientos, ni tampoco se ha anunciado la estrategia con la cual se abordará el desarrollo sostenible de loteos y asentamientos existentes a la fecha. El habitar rural ha surgido a raíz de un desplazamiento natural del ser humano por el territorio, por lo que abordar la manera en que se forman y mantienen asentamientos en estos territorios requiere la elaboración de instrumentos de planificación territorial que respondan a las características socioculturales y ambientales de los habitantes de hoy. En ese sentido, la nueva normativa debiese contemplar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y la implementación de la Política Regional de Desarrollo Territorial (PROT)  para incorporar en su diseño los  instrumentos de planificación territorial enfocados exclusivamente en el mundo rural y silvestre, poniendo énfasis en la heterogeneidad de los ámbitos que ocurren en estos entornos (a la fecha sólo contamos con una Política Nacional de Desarrollo Rural). 

Por último, una nueva normativa asociada al habitar rural supone la articulación de múltiples actores que hoy trabajan de manera sectorial, y que no han tenido la capacidad de abordar el fenómeno de manera efectiva. En este sentido, este proceso legislativo presenta una oportunidad para replantear la gobernanza local y el funcionamiento institucional, analizando las funciones y atribuciones del SAG, SEREMIS, GORES, Municipios, CBR, JPL, como así también de las Organizaciones de Base Territorial y Funcional, organizaciones sin fines de lucro y de la ciudadanía en general. 

Felipe Markmann
Abogado, encargado del área de Desarrollo Regional de Desafío Levantemos Chile y co autor
Guía del Habitar Sostenible para Parcelaciones Rurales